Un juez federal admitió a trámite la demanda de amparo que interpuso Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Francisco Gil Díaz, luego de que diera a conocer la orden de captura contra éste y otros altos directivos de las empresas Perforadora Oro Negro S.A. de C.V e Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro S.A.P.I de C.V.

El pasado 17 de julio, la Unidad de Gestión Judicial número Doce del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX), notificó la orden de captura contra los directivos de la arrendadora de plataformas de perforación a Petróleos Mexicanos, por el uso fraudulento de 750 millones de pesos de Oro Negro.

Dicha empresa oficialmente fue declarada en quiebra según una sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en junio pasado, en reclamo de sus acreedores que exigen el pago de millonarias cantidades de dinero por la falta de liquidez de Oro Negro.

También se dio a conocer la orden de captura contra el primo de Gil White, el empresario José Antonio Cañedo White, y de Carlos Enrique Williamson Nasi, Alonso del Val Echeverría y Miguel Ángel Villegas Vargas, quienes también solicitaron –por separado– la protección del Poder Judicial de la Federación.

El juicio de amparo interpuesto por Gil White fue iniciado por el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, según el expediente 627/2019, en contra de la orden de aprehensión y “la ejecución de esos actos de molestia a cargo de autoridades administrativas”, dio a conocer el juez Patricio Leopoldo Vargas Alarcón.

Dentro del proceso, no se le concedió el “incidente de suspensión”, “por no haberlo solicitado la parte quejosa”.

Antes de que fuera declarada su quiebra, Oro Negro, creada en el año 2012, exigía a Pemex Producción y Exploración (PEP) una indemnización de hasta mil millones de dólares, luego de que la paraestatal bajó su productividad y no pudo rentar todas las plataformas petroleras a Oro Negro –y las que sí, lo hizo a precio más bajo–.

A su vez en el año 2014, Pemex otorgó un paquete de cinco contratos a SeaMex con tarifas más elevadas por activos de menor especificación, con plazos más largos, la introducción de bonos de desempeño, se redujeron las penalidades y se incluyeron cláusulas que hacen prácticamente imposible la terminación unilateral de su contrato.

Con ello, Oro Negro perdió rentabilidad y liquidez, por lo que sus acreedores, especialmente petroleras asentadas en Singapur, solicitaron el pago de plataformas que iba a rentar a PEP; al no obtenerlo, iniciaron un juicio mercantil contra la empresa mexicana quienes dispusieron de los 750 millones de pesos de manera supuestamente ilegal.

Tras no obtener el rescate financiero que exigía a PEP por incumplimiento de contrato, los cinco empresarios fueron acusados de uso irregular de recursos derivados del fideicomiso F/1695 suscrito con Deutsche Bank, mediante el cual administraban el negocio.

Vía Proceso

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